Familias viviendo con Temor

January 27, 2016

Este informe presenta historias de mujeres recogidas en las redadas de Inmigración y Aduanas que comenzaron el 2 de enero de 2016. El informe del Southern Poverty Law Center y la Alianza Latina de Georgia para los Derechos Humanos concluyó que el gobierno federal ha participado en una acción innecesariamente agresiva – y posiblemente inconstitucional – contra inmigrantes al realizar estos allanamientos de sus hogares, dirigidos principalmente contra mujeres y niños provenientes de Centroamérica.

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Introducción

En la madrugada del 2 de enero de 2016, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) comenzaron unas redadas de gran alcance en el área de Atlanta como parte de un operativo en varios estados que culminó con la detención de 121 inmigrantes. Aparentemente todos eran mujeres y niños.

Las redadas en Georgia, Texas y Carolina del Norte dan indicios de pasos nuevos y alarmantes por parte de un gobierno federal con un historial de ejecución abusiva de las leyes de inmigración, empeorándose recientemente al no responder efectivamente a la crisis humanitaria en El Salvador, Guatemala y Honduras.

En vez de cumplir su promesa de proteger y proveer refugio a las familias que están huyendo de la violencia y la persecución en estos países, la administración de Obama ha adoptado la misma estrategia completamente defectuosa en la aplicación de las leyes de seguridad que ha propulsado la crisis de encarcelación masiva en el país. Bajo el liderazgo del Presidente Obama, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha entablado acciones policiales y de seguridad innecesariamente agresivas – y potencialmente inconstitucionales – contra inmigrantes vulnerables. Esto ha resultado en la encarcelación de cientos de miles de

hombres, mujeres y niños, incluyendo las familias detenidas en estas redadas, durante los pasados ocho años.

Como demuestra esta investigación del Southern Poverty Law Center y de la Alianza Latina Pro Derechos Humanos de Georgia, es una estrategia que ha pisoteado los derechos legales, ha sometido a madres y niños a encuentros policiales aterradores e innecesarios, y ha dividido y destrozado familias. Este informe provee relatos de primera mano de los sobrevivientes y los testigos de las redades de ICE en el área de Atlanta.

Como demuestran estos relatos, las redadas de Atlanta ponen sobre el tapete asuntos constitucionales muy serios:

Las redadas parecen haberse llevado a cabo sin órdenes de detención. Los agentes no les mostraron a los residentes copias de las órdenes de detención, las cuales son requeridas no importando el estatus migratorio de la persona. Cuando se les solicitó copias de las órdenes para entrar en un hogar, los agentes de ICE ignoraron las solicitudes, amenazaron a los residentes o sencillamente les ordenaron “callarse”.
Los agentes de ICE entraron a las casas sin obtener el consentimiento voluntario requerido por ley. Los oficiales amenazaron con arrestar a los residentes y usaron la extorsión ilegal para obtener el consentimiento. Frecuentemente engañaron a los residentes al identificarse como oficiales de la policía buscando un criminal (hasta mostrándoles una foto de un hombre afroamericano en algunas ocasiones), o al decir que las mujeres solo estarían ausentes por unas horas para que ICE pudiera examinar los grilletes electrónicos que llevaban en el tobillo.
Los agentes de ICE les negaron a las mujeres acceso a abogados. Aunque los asuntos de inmigración típicamente se consideran asuntos civiles, los cuales no requieren que se asigne un abogado pagado por el gobierno, los individuos aún tienen derecho a representación legal siempre y cuando el gobierno no sea responsable por su costo. Sin embargo, los oficiales de ICE no les permitieron a las mujeres recogidas en las redadas ponerse en contacto con sus abogados hasta después que las sacaron de sus casas y se las llevaron para el South Texas Family Residential Center, un centro de detención para familias en Dilley, Texas. Frecuentemente les decían que no tenían otra opción legal. Además, no les informaron sobre una organización legal gratuita y sin fines de lucro ya localizada en el centro de detención.
A las mujeres les indicaron que debían firmar documentos legales que no entendían. En varias ocasiones, los agentes de ICE les instruyeron a las personas detenidas a firmar documentos escritos en inglés. Esto es realmente inquietante ya que a las mujeres se les negó acceso a abogados.
Madres y niños con reclamos válidos para beneficios de inmigración fueron detenidos antes de que se agotaran sus opciones legales. A pesar de las declaraciones de ICE de que todos
los individuos detenidos tenían órdenes finales de deportación emitidas por un tribunal de inmigración,3 una revisión legal subsiguiente de los casos resultó que la Junta de Apelaciones de Inmigración concediera aplazamientos de deportaciones porque estas familias no habían agotado sus opciones legales.4
ICE les había concedido a muchas de las mujeres detenidas un permiso para permanecer en los Estados Unidos. Estas mujeres habían cumplido con los requisitos en las órdenes
de supervisión de ICE, las cuales les permiten quedarse en los Estados Unidos bajo ciertas condiciones, incluso el asistir a citas regulares con ICE o portar un grillete electrónico en el tobillo que le indica a ICE su paradero. Algunas mujeres hasta tenían citas ya programadas con ICE cuando fueron detenidas en las redadas.
ICE concentró estas redadas en jurisdicciones en que las garantías o protecciones del debido proceso legal son más débiles. Los individuos que comparecen ante los tribunales de inmigración en Atlanta tienen una de las tasas de representación legal más bajas que cualquier ciudad grande en el país. Los jueces en los tribunales de inmigración de Atlanta tienen una de las tasas de denegación de asilo más altas del país.6 En esas jurisdicciones particularmente, las mujeres y los niños con reclamos válidos de inmigración tienen una mayor probabilidad de no obtener acceso a una justicia plena..
ICE ha rehusado liberar a niños y a sus madres detenidos por inmigración – una violación de un acuerdo legal nacional. Al momento de publicarse este informe, el gobierno ha retenido niños en los centros de detención por más de 20 días, lo cual está prohibido según el acuerdo en el caso Flores v. Johnson. Los niños en la custodia de DHS tienen el derecho a ser liberados y entregados a un padre, incluso al padre o a la madre que lo acompañó a los Estados Unidos, sin importar el estatus migratorio del padre o la madre. DHS tiene que liberar a los niños consus madres a menos que haya un riesgo significativo de que la madre huya o que represente una amenaza a la seguridad pública.

Aunque este informe se centra en los sucesos de Atlanta, esta investigación reveló que estos asuntos no se limitan a esta área. Las víctimas de las redadas en Virginia y en Texas reportaron tácticas cuestionables muy similares. Sencillamente, Atlanta no es una aberración. Este patrón de conducta alarmante en las redadas que ha traumatizado comunidades y que potencialmente ha violado protecciones constitucionales es evidencia más que suficiente para detener las redadas en el futuro por parte de ICE, el cuerpo de seguridad más grande del país.

Una vez detenidas las redadas, el Congreso no solo debe investigar aparentes violaciones constitucionales que cometieron los agentes de ICE durante las redadas, sino también la negligencia en otros aspectos de la aplicación de las leyes de inmigración. El gobierno federal debe adoptar una respuesta práctica y exhaustiva a la crisis de los refugiados centroamericanos y mejorar el acceso a asistencia legal para los inmigrantes. Debe ofrecer alternativas a las prácticas punitivas de detención y cerrar los centros de detención en que las familias se encuentran.

Debemos defender nuestros valores constitucionales mientras hacemos frente a esta crisis humanitaria. Es hora de asegurar que las familias inmigrantes ya no vivan con temor.

Las recomendaciones, con más detalles, se encuentran al final de este informe.

A Ana Lizeth Mejía Gutiérrez nunca se le dio la oportunidad de llamar a un abogado o a sus familiares cuando los agentes de ICE se la llevaron de Texas a Atlanta para deportarla.

Ana Lizeth Mejia Gutierrez

Ana Lizeth es una madre de 31 años de edad proveniente de Honduras. Huyó a los Estados Unidos con su hijo de 10 años de edad en el 2014, y vivía en el área de Atlanta con su tío y su tía. Ana Lizeth tenía una orden de supervisión con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), lo cual le permitía quedarse en los Estados Unidos. Como parte de la orden, llevaba puesto un grillete electrónico en el tobillo que le informaba a ICE su paradero a todas horas. Acudía a citas regulares con ICE para verificar su paradero.

Inicialmente sólo se escuchaba el timbre de la puerta, que comenzaba a despertar a la familia en horas de la madrugada del 2 de enero.

Entonces comenzaron a propinarle golpes tan fuertes a la puerta que la hacían retumbar.

La tía de Ana Lizeth, Johana Gutiérrez, abrió la puerta y un grupo de oficiales ocupaban la entrada. Afirmaron que eran policías buscando un criminal. Le mostraron una foto de un hombre afroamericano para que ella lo identificara, pero ella dijo que no lo reconocía.

No quedaron satisfechos con su respuesta.

Insistieron que el hombre vivía en su dirección y que debía dejarlos entrar. Ella solicitó ver una orden judicial u orden de arresto, pero ellos no le prestaron atención. El esposo de Johana se puso nervioso. Le insistió en que los dejaran entrar.

Cuando ella accedió, unos ocho oficiales abarrotaron la casa. Ellos reunieron a todos en la sala y comenzaron a exigir que les mostraran identificación.

No eran policías. Eran agentes de ICE.

Los agentes retuvieron la identificación de Ana Lizeth. Le dijeron que recogiera alguna ropa – que la iban a deportar. Ana Lizeth estaba aterrorizada. Los agentes gritaban y su hijo de 10 años estaba llorando y temblando. Su tía le preguntó a los agentes porqué habían mentido para poder entrar a la casa. Volvió a pedirles una orden de detención o de arresto.

No le contestaron.

Los agentes de ICE se llevaron a Ana Lizeth y a su hijo, separándolos de su familia. Era el comienzo de una travesía de unas 1,000 millas hacia un centro de detención. En el camino, pasaron horas en una celda en una cárcel, en la parte trasera de una camioneta con otra madre y sus hijos, y en un avión antes de que llegaran a su destino al otro día en la mañana: el South Texas Family Residental Center en Dilley, Texas. Durante el viaje, Ana Lizeth nunca tuvo la oportunidad de llamar a su abogado en asuntos de inmigración – y de hecho, ni a ninguna otra persona.

Eventualmente la llevaron a una reunión con el consulado y le indicaron que firmara unos papeles de ICE afirmando que accedía a irse de los Estados Unidos. Rehusó firmar el documento porque era en inglés y no lo podía leer.

Entre toda la confusión, se enteró que habían abogados en asuntos de inmigración disponibles en Dilley, pero solo porque otra detenida se lo dijo. “Cada vez que yo trataba de ir a una reunión legal, los agentes de ICE me enviaban a otros lugares en el centro de detención,” expresó.

Finalmente Ana Lizeth pudo reunirse con los abogados en el centro de detención – un día después de que ICE deportara a varias familias de Honduras y Guatemala. Ella cree que si más mujeres hubieran sabido que habían abogados disponibles y se les hubiera permitido verlos, algunas de estas familias hubieran podido evitar ser deportadas.

En el centro de detención, ella buscaba entender todo lo ocurrido que, para ella, no tenía sentido.

“Nos trataron como a delincuentes. No entiendo por qué. Yo había ido a mis citas de supervisión de ICE, e incluso tenía una cita programada en unos pocos días,” lamentó Ana Lizeth, quien todavía se encuentra detenida en Dilley con su hijo. “Mi hijo tiene miedo y llora por la noche. Él no está comiendo…Yo no entiendo por qué nos llevaron en una redada, sobre todo de esa manera.”

Lesly Padilla Padilla

Lesly es una madre de 26 años de edad que huyó de Honduras con sus hijos gemelos de 9 años de edad para escaparse de su pareja abusiva en junio del 2014. ICE llevó a cabo una redada en su casa en el área metropolitana de Atlanta en la mañana del 2 de enero.

Lesly y sus hijos estaban encerrados en una celda junto a otras mujeres y niños.

Muchas de las mujeres lloraban, aparentemente atrapadas en las redadas de ICE igual que a Lesly y a su hijo. Pero todo esto no tenía sentido alguno. Ella se reunía regularmente con ICE para sus citas de verificación y portaba un grillete electrónico con sistema de posicionamiento global (GPS) en el tobillo que le informaba a ICE su paradero.

Hasta tenía el grillete puesto esa mañana cuando abrió la puerta y vio quienes ella creía eran policías frente a su casa. Le dijeron que buscaban a un hombre llamado “David”.

Lesly les dijo que nadie con el nombre David vivía ahí.

No se dejaron disuadir. Afirmaron que necesitaban registrar el apartamento porque se les había

informado que David vivía en su dirección. Le mostraron una foto de un afroamericano. Ella volvió a repetir que nadie llamado David vivía en su apartamento.

Los oficiales insistieron, así que ellas los dejó entrar.

Ya estando dentro de su hogar, los oficiales le informaron que eran de ICE. Le dijeron que había una orden de deportación contra ella y que ella y sus hijos tenían que acompañar a los agentes. Ni siquiera le permitieron a Lesly llamar a su abogado en asuntos de inmigración.

“Mis hijos estaban llorando,” explicó. “Me preguntaban qué estaba pasando. Me preguntaban qué había hecho yo mal y por qué la policía había llegado a nuestra casa. Les dije, “nada”, y que nosotros no habíamos hecho nada.”

Los llevaron a un lugar de detención y los encerraron en una celda con otras mujeres y niños.

Había banquillos de metal y un inodoro en el medio de la celda. No había privacidad alguna.

A Lesly a los niños los llevaron finalmente al South Texas Family Residential Centeren Dilley, (Texas). Les informaron que serían deportados y que firmara un documento en inglés, el cual no podía leer. Rehusó firmarlo. Finalmente, a Lesly y a otras dos mujeres que rehusaron firmar los documentos se les informó que no serían deportadas.

“Le he pedido a mi familia que oren por mí,” expresó Lesly, quien luego de varias semanas en Dilley fue transferida a otro centro de detención para familias en el Condado de Berks en Pensilvania. Ella ha solicitado ser liberada bajo fianza, pero el gobierno se opuso a su petición. “Cuando yo estaba en Atlanta, yo estaba trabajando, aprendiendo, y construyendo una vida. Mis hijos estaban aprendiendo inglés rápidamente, e iban bien. Yo estaba trabajando duro… ganaba dinero para mantenernos. … [Mis hijos] son mi mayor bendición. Tengo miedo de volver a Honduras y si volvemos, no habrá ningún lugar seguro para nosotros ahí.”

Rosa Vargas Morales, en la foto con su hija Kim*, no puede hablar de su experiencia con ICE sin romper a llorar.

Rosa Vargas Morales

Rosa es una madre de 37 años de edad que huyó de Guatemala junto con sus tres hijos. Su hogar cerca de Atlanta fue allanada el 2 de enero. Los agentes sacaron a Rosa y dos de sus hijos de su casa a pesar de que tenían una orden de supervisión con ICE.

La primera redada en la casa de Rosa ocurrió antes del amanecer.

Daban golpes fuertes en la puerta y las luces de las linternas entraban por las ventanas de su casa. Su hogar estaba rodeado por agentes de ICE y su familia estaba aterrorizada.

“[Los niños] tenían tanto miedo que estaban temblando,” expresó Rosa.

No abrieron la puerta. Esperaron un rato hasta que los agentes de ICE se fueron.

Una vez que se fueron los agentes, el hermano de Rosa, René, salió de la casa para buscarles algo de comer a los niños. Al regresar, dos vehículos le bloquearon el camino – uno al frente y otro por detrás. Dos policías salieron de sus vehículos con sus armas listas y a la vista en su cintura. Le dijeron a René que buscaban una persona llamada “Miguel Soto”.

René les dijo que no conocía a nadie con ese nombre, pero los oficiales fueron persistentes. Añadieron que necesitaban entrar a su casa – hasta amenazaron con arrestarlo y acusarlo de obstruir su investigación si no les permitían entrar. Cuando René volvió a preguntar si tenían una orden de arresto, los oficiales le dijeron en español que se callara o lo arrestarían.

Cumplió con la orden renuentemente, creyendo que buscaban a alguien llamado “Miguel Soto”.

Los oficiales de ICE entraron a la casa sin mostrar orden judicial alguna. Aun cuando René les volvió a pedir una orden de arresto o de detención, le dijeron que se callara o lo podrían arrestar. Los oficiales querían que Rosa y dos de sus hijos se fueran con ellos. Rosa estaba confundida, y explicó que había asistido a todas sus citas judiciales, y que tenía un permiso de trabajo de ICE.

El permiso de trabajo no significa nada, afirmó el agente.

A Rosa y a sus hijos se les otorgaron pocos minutos para recoger sus cosas. Los familiares empezaron a llorar. “Mi nieto bebé comenzó a llorar bien fuerte,” expresó Rosa. “El trató de caminar hacia mí y darme un abrazo. Mi hermano, René, les suplicó a los agentes que lo dejaran decirnos adiós a todos nosotros. Ellos no lo permitieron.”

En un centro de detención en Atlanta, Rosa intentó explicar de nuevo que ella tenía un permiso de trabajo de ICE. El agente le afirmó que “no tenía posibilidades.”

“Le dije con todo respeto, que tenía el derecho de hacer preguntas y hablar con mi abogado,” expresó Rosa.

El agente le contestó que no lo enojara.

Los agentes le solicitaron que firmara un documento, el cual solo firmó porque no pudo hablar con un abogado. Entonces a Rosa y a sus hijos los subieron a un avión para llevarlos al South Texas Family Residential Center en Dilley, Texas. El viaje al centro de detención fue miserable. Ella tenía un dolor de cabeza fuertísimo y los agentes no le dieron ni agua, ni medicamento. Eventualmente se desmayó en el vuelo.

A Rosa, quien aún está detenida en Dilley con sus hijos, lees imposible hablar sin llorar al recordar esa mañana horrible hace casi un mes, y todo lo que ha pasado desde entonces. Cada día en el centro de detención, se sentía más y más desesperada. No logra entender lasituación.

“Todavía no entiendo por qué yo fui el blanco de la redada,” afirmó. “Inmigración me había dado un permiso de trabajo y yo estaba bajo una orden de supervisión. No entiendo cómo podíamos ser tratados tan mal, y nos trataron como si no valiéramos nada.”

Gabriela

Gabriela* huyó de El Salvador con su hija para escapar la violencia. Vivía en Atlanta con sus familiares y trabajaba como recamarera en un hotel local cuando a ella y a su hija las agarraron en las redadas de inmigrantes del 2 de enero.

Cuando Gabriela tomó la llamada en su trabajo, su hija estaba en la línea llorando.

Los agentes de ICE habían rodeado su hogar y habían interrogado a sus familiares sobre su paradero. Ellos hasta habían rebuscado en la casa y acusaron a su familia de estar escondién- dola. Se dio cuenta que su hija de 13 años de edad, Mayra*, estaba muy asustada.

“Luego de recibir la llamada, estaba preocupada y confundida,” relató Gabriela. “No sabía lo que estaba pasando, pero tenía que seguir trabajando.”

Estaba en la lavandería del hotel cuando dos oficiales de ICE la sorprendieron. Se fue con los agentes, quienes ni siquiera la dejaron recoger sus pertenencias ni cambiarse. Llevaba puesto su uniforme de trabajo.

Mientras los oficiales se la llevaban, ella vio a su jefe y al gerente del hotel.

“Parecían estar preocupados por lo que estaba occurriendo” expresó. “No sé lo que les dijeron los oficiales, pero yo estaba muy preocupada por la situación. Me sentía avergonzada con toda esa gente mirándome mientras me sacaban hacia afuera sin ni siquiera haberme permitido cambiarme.”

Ya estando afuera, Gabriela vio a su hermana, Rosa Díaz, y a su hija Mayra. Habían ido al hotel luego de que allanaran la casa. Mayra aún vestía sus pijamas. Según Gabriela, los oficiales probablemente las siguieron al hotel.

Los oficiales le dijeron a Rosa que se llevarían a la madre y a su hija, pero que las regresarían en dos horas. Básicamente le habían dicho lo mismo en su hogar. Solo necesitaban ponerle un grillete electrónico en el tobillo a Gabriela – y estarían de vuelta en dos horas.

Eso no fue lo que ocurrió.

Los oficiales le obligaron a Mayra a dejar su teléfono celular. Las llevaron a una oficina de inmigración que estaba repleta de mujeres y niños llorando. No les permitieron llamar a nadie mientras esperaban. Entonces, a la madre e hija las llevaron lejos de Atlanta – a un centro de detención para familias en Dilley, Texas.

Ese viaje tardó mucho más de dos horas.

Y nadie le preguntó a Gabriela sobre los detalles de su caso hasta que ya se encontraba en Texas. Allí fue cuando le dijeron que la única opción que tenía era la deportación, y que tenía que fi un documento que ICE le entregó en ese momento. Habló con su ofi consular, quien le aconsejó obtener asistencia legal.

A Gabriela ya se le ha permitido reunirse con abogados en el centro de detención. Los abogados presentaron una solicitud para la suspensión de la deportación en su caso y esta fue concedida. Por ahora, Gabriela y su hija permanecen en el centro de detención – a aproximadamente 1,000 millas de distancia de su hogar, de sus familiares y de sus amigos.

Ana Silvia Orellana Urias, en la foto con su hijo Jake*, fue presionada para firmar un documento legal cuando ICE intentó deportarla.

Ana Silvia Orellana Urias

Ana Silvia es una madre de 32 años de edad con cuatro hijos de El Salvador. Agentes de ICE allanaron su casa cerca de Atlanta en la mañana del 3 de enero.

Escuche el audio de la redada que su madre grabó en

Ana Silvia temblaba de miedo al ver a los agentes de ICE frente a la puerta de su apartamento. Estaba pasando por lo que tantas otras mujeres y tantos otros niños habían sufrido en las redadas de las pasadas 24 horas. Los golpes fuertes en la puerta la despertaron. Los agentes de ICE decían que sólo estaban allí por su grillete electrónico que tenía puesto en el tobillo.

Ana Silvia estaba confundida porque acababa de cambiarle las baterías a su grillete, y tenía dos citas con ICE programadas en enero para verifi su presencia. Cuando intentó usar su teléfono celular para llamar a su abogado sobre la redada, un agente le quitó el teléfono. Los agentes de ICE le dijeron que no la estaban deportando.

Pero sí la estaban deportando.

A ella y a sus hijos – entre las edades de 3 y 17 años – los transportaron a un centro de detención a cientos de miles de millas de distancia. También tuvo que aguantar las mismas tácticas policiales inquietantes que sufrieron otros durante las redadas en Atlanta y en otras partes del país durante ese fin de semana:

Los agentes de ICE no les mostraron una orden de arresto o de detención;
Le negaron la oportunidad para hablar con un abogado;
La presionaron para firmar documentos legales que no entendía;
Le rodearon la casa;
Le mintieron para entrar a su casa.

“Le dije a ICE que quería hablar con mi abogado,” ella expresó. “Me dijeron que no tenía esperanza ninguna y que tenía que firmar, pero no lo iba a hacer.”

Cuando Ana Silvia y sus hijos llegaron al centro de detención para familias en Texas, volvieron a exhortarle que firmara un documento a pesar de que exigía hablar con un abogado. Bajo presión, lo firmó. Y como a tantas otras, Ana Silvia, quien aún está en el South Texas Family Residential Center en Dilley, Texas, quedó con muchas preguntas sin respuestas.

“No entiendo como fuimos tratados de una manera tan horrible,” lamentó.

Los expertos legales y las personas que apoyan y abogan por los inmigrantes también quedaron con la misma duda.

Susana Arévalo Hernández teme que asesinarán a su familia si ICE los obliga a regresar a la violencia de El Salvador.

Susana Arevalo Hernandez

Susana es una madre joven de dos niños pequeños que huyó de la violencia en El Salvador. Se reunió con su madre, quien estaba viviendo en Atlanta. Cuando los agentes de ICE se la llevaron de su hogar el 2 de enero, estaba bajo una orden de supervisión de ICE y había estado portando un grillete de tobillo que monitoreaba su paradero. Hasta asistía a citas regulares con ICE para reportarse.

Cuando Susana y sus hijos salieron de su casa con los agentes de ICE, ella no estaba preocupada.

En dos días, tenía una cita programada con ICE. Creía que habían llegado para chequear su grillete electrónico que llevaba en el tobillo. Su madre pensaba lo mismo, y por eso abrió la puerta cuando aparecieron los agentes esa mañana. Un agente de ICE hasta le había dicho a la madre de Susana que su hija estaría de regreso más tarde ese día.

A Susana y a sus hijos los llevaron a una oficina de inmigración donde vio aotras mujeres y niños. Los agentes de ICE la llevaron al piso de arriba y le dijeron que la iban a deportar.

“Me preocupé muchísimo porque temo por mi vida y las de mis hijos si me regresan a El Salvador,” afirmó Susana. “Mis hijos también estaban molestos porque ellos vieron que yo estaba visiblemente alterada. Estaba tan nerviosa y asustada que sentí que se me bajaba la presión de la sangre. Estaba llorando y no podía respirar. En ese momento, me mareé y sufrí una convulsión.”

Pero durante esta emergencia, su hija de ocho años y su hijo de seis años era lo que le ocupaba la mente.

“Empecé a rogarle a los oficiales a que llamaran a mi mamá porque a mis hijos no los estaban metiendo en la ambulancia para que se fueran conmigo,” expresó. “Quería asegurarme de que estarían seguros y que un familiar los cuidaría.”

Su madre nunca recibió una llamada.

Le dieron de alta del hospital esa noche. Al otro día, ICE llevó a Susana y a sus hijos al South Texas Family Residential Detention Center en Dilley, Texas. Su salud empeoró. Sufrió un ataque epiléptico esa noche, y dos más durante los próximos tres días.

Oficiales de ICE le informaron a Susana que la iban a poner en un avión de regreso para El Salvador. Un agente la amenazó y le dijo que si no se iba, las cosas empeorarían para ella. Ella les insistió que quería hablar con su abogado y finalmente pudo ponerse en contacto con una orga- nización de servicios legales en el centro de detención.

Al parecer, ya era demasiado tarde.

Susana y sus hijos ya estaban en el avión que partiría para el país y la violencia del cual ellos esperaban escapar. Pero poco antes de que partiera el avión, oficiales de ICE los bajaron del vuelo – la Junta de Apelaciones de Inmigración le ordenó al gobierno que le permitiera que- darse en los Estados Unidos y luchar por su caso.

A pesar de este aplazamiento, Susana y su familia aún enfrentan obstáculos e incertidumbre.

Cree que está sufriendo más convulsiones por todo lo que le está pasando. Ha tenido por lo menos seis desde que ha estado en la custodia de ICE. Tiene una cita con un neurólogo para evaluarla una cirugía en Atlanta – una cirugía que ahora posiblemente nunca recibirá. Su hijo tiene una discapacidad en el desarrollo y no está recibiendo su tratamiento mientras está detenido.

Más que nada, Susana, que aún está detenida en Dilley con sus hijos, está preocupada por sus hijos y por el futuro.

“Tememos que nos matarán en El Salvador,” afirmó. “Estoy tan nerviosa después de las redadas. El único lugar que nos sentimos seguros (en el centro de detención) es en el tráiler donde están nuestros abogados, porque sabemos que al menos de allí no nos deportarán.”

Dominga Rivas Angel

Dominga es una madre de 27 años con dos hijos. Se fue de El Salvador buscando un lugar seguro. Tenía un abogado trabajando en su caso de inmigración cuando la detuvieron por una violación de tránsito a finales del 2015. Dominga estaba en un centro de detención de inmigración en Ocilla, Georgia, cuando los agentes de ICE la hicieron partícipe de las redadas de Atlanta. La obligaron a ayudar a ICE para detener y deportar a sus hijos.

Algo estaba ocurriendo.

El Día de Año Nuevo, ICE sacó a Dominga de un centro de detención de inmigración en Ocilla, Georgia y la regresó a una cárcel de Atlanta. Al otro día, le instruyeron que se debía vestir con su ropa regular, no el uniforme que usaba durante su detención. ¿La razón? ICE necesitaba que los ayudara a encontrar a sus hijos – no importaba si ella deseaba hacerlo o no.

Después de informarles que sus hijos estaban con su hermana, Doris, los agentes de ICE esposaron a Dominga y la llevaron a la casa de su hermana.

El viaje le revolvió el estómago.

“Me sentí muy enferma y débil,” explicó Dominga. “Yo podía respirar, pero era difícil. Yo empecé a sentirme mal cuando me llevaron de Ocilla a Atlanta. Pero cuando llegamos a la casa de mi hermana, sentía náuseas y ganas de vomitar.”

Más de una docena de agentes de ICE llegaron a la casa de Doris; algunos comenzaron a golpear la puerta mientras que otros rodearon la casa. Al principio, Doris no abría la puerta. Ella los podía ver a través de las cortinas, y les preguntó a los agentes como los podía ayudar. También veía a su hermana.

“Estaba muy confundida en ese momento,” afirmó Doris. “Me agradó ver a mi hermana, pero a la vez tenía mucho miedo y estaba muy preocupada.”

Cuando Doris finalmente abrió la puerta, los agentes se apresuraron a entrar. Un oficial la jaló hacia un lado y le bloqueó el paso para así evitar que fuera a consolar a su hermana, quien estaba llorando. A Doris se le informó que los agentes llegaron allí para llevarse a los niños. Tenían una orden de deportación para ellos. Doris intentó explicarles que ella había estado hablando con un abogado para recibir la custodia formal de sus sobrinos. El agente le ofreció su asistencia legal al instante: Ella no tenía derecho a los niños.

Los agentes fueron al sótano donde los niños dormían, los asustaron y los hicieron llorar. A Doris se le instruyó que los vistiera y que empaquetara sus cosas.

Ellos se iban esa noche.

A Dominga y a sus hijos los llevaron a una celda en una cárcel en Atlanta, que se llenó durante el día con las personas recogidas en las redadas.

“Muchas personas en la celda estaban llorando,” expresó. “Mis hijos estaban llorando. En un momento los oficiales de ICE nos dijeron que nos calláramos porque había demasiado ruido.”

Dominga les preguntó a los oficiales de ICE si podía llamar a su abogado, pero no se le permitió a nadie hacer una llamada. Los ofi le dijeron que no importaba porque su caso de inmigración ya había terminado. Los agentes también la obligaron a fi un formulario Los agentes también la obligaron a firmar un formulario en inglés. Ella no sabía lo que decía, pero un agente fue muy directo y franco: Significaba que la iban a deportar.

Dominga y sus hijos ahora están en el South Texas Family Residential Center en Dilley enfrentando un futuro muy incierto.

Recomendaciones

Este informe muestra claramente que estas redadas de inmigración han traumatizado familias y aterrorizado comunidades. Las tácticas que utilizaron los agentes de ICE plantean interrogantes legales muy serios. Los Estados Unidos tiene que enfrentar la crisis humanitaria en Centroamérica; no recurrir a tácticas inconstitucionales para castigar a aquellos que por ley estamos obligados a proteger. Las siguientes recomendaciones detallan cómo el gobierno puede enfrentar esta crisis de una manera abarcadora y, a la vez, fortalecer el debido proceso legal y garantías de acceso a la justicia para los inmigrantes; asegurar la transparencia en la aplicación de las leyes y en las acciones de los cuerpos de seguridad, y respetar el derecho de todos de estar seguros en su propio hogar.

El Congreso

Llevar a cabo vistas públicas e investigaciones sobre posibles violaciones constitucionales por parte de los agentes de ICE en las redadas de inmigración, y más ampliamente en la aplicación de las leyes de inmigración.

Departamento de Seguridad Nacional

Cesar las redadas inmediatamente.
Asegurarles a las comunidades que el DHS no apoya el uso de tácticas inconstitucionales por parte de los cuerpos de seguridad, y que los agentes que violen la ley tendrán que rendir cuentas por sus acciones.
Adoptar una respuesta práctica, amplia y abarcadora a la crisis de los refugiados centroamericanos. Esta respuesta incluye la revisión de antecedentes y el reasentamiento de refugiados, el otorgar Estatus de Protección Temporal para individuos en los Estados Unidos, y otros beneficious humanitarios necesarios.
Dejar de detener a niños; cerrar los centros de detención para familias. DHS tiene que adoptar alternativas permanentes a la detención porque es muy costoso, innecesario e inhumano.
Implementar las recomendaciones del President’s Task Force on 21st Century Policing que sugieren desligar las acciones federales de seguridad relacionadas a la inmigración del trabajo policial local más rutinario. ICE debe descontinuar la práctica de solicitarles a los cuerpos policiales locales que detengan temporalmente a personas por asuntos de inmigración y/o que les notifiquen cuando tengan bajo su custodia alguien que pueda tener problemas con su estatus migratorio. Esta práctica ha puesto sobre el tapete preocupaciones muy serias referentes a violaciones al debido proceso legal y a la discriminación racial contra las comunidades de inmigrantes.

Departmento de Justicia

Executive Office for Immigration Review

Las protecciones del debido proceso legal para los inmigrantes detenidos tienen que mejorarse para asegurar que ellos tengan acceso a la justicia. Esto incluye el proveer abogados asignados por el gobierno a los inmigrantes detenidos. Se debe adoptar un protocolo para mejorar el acceso a asistencia legal y a programas de orientación legal. Además, este protocolo debe asegurar que se provean notificaciones legales adecuadas para los que solicitan asilo.
Debe enfrentarse la adjudicación inconsistente de solicitudes de asilo por parte de los tribunales de inmigración. Esto conlleva el identificar a los jueces de inmigración cuyas decisiones discrepan mucho de las de sus colegas en el país. Estos jueces deben recibir adiestramiento adicional y sus decisiones en los casos de asilo deben ser supervisadas más intensamente. Se debe incrementar el finaciamiento para la Junta de Apelaciones de Inmigración y, además, se debe aumentar el número de jueces de inmigración y su personal.

Gobiernos locales

Negarse a detener individuos por solicitud de ICE, por medio de los llamados “ICE detainers’’. Además, los gobiernos locales deben rechazar las solicitudes rutinarias de ICE para que les notifiquen sobre personas que tengan bajo su custodia. Estas solicitudes para detener personas temporalmente o para notificar a ICE si tienen personas de interés bajo su custodia son de carácter voluntario. No son órdenes de arresto ni de detención, y traen a luz interrogantes constitucionales muy serios. No proveen la causa probable necesaria para arrestar y entregarle individuos a ICE.
Invertir para lograr representación legal gratuita y accesible para las personas solicitando asilo y para inmigrantes sin abogados.