Trabajadoras agrícolas en Florida acosadas sexualmente logran justicia
Uno de los mas grandes comerciantes de frutas y verduras en Florida ha acordado pagar $215,000 para resolver las alegaciones de acoso sexual en una de las pocas demandas de esta clase traídas en defensa de trabajadoras agrícolas en los Estados Unidos.
Montgomery, Ala. -- Uno de los mas grandes comerciantes de frutas y verduras en Florida ha acordado pagar $215,000 para resolver las alegaciones de acoso sexual en una de las pocas demandas de esta clase traídas en defensa de trabajadoras agrícolas en los Estados Unidos.
La demanda alegó que cinco mujeres Haitianas quienes trabajaban en la empacadora de tomates para Gargiulo Inc. en Immokalee fueron sujetas a repetidos, incómodos avances sexuales por su supervisor y enfrentaron represalias después de que ellas se quejaron. Las represalias incluyeron el correr a tres de las mujeres.
El decreto de consentimiento, el resultado de las demandas traídas por La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de los Estados Unidos (EEOC), el Southern Poverty Law Center (SPLC), Servicios Legales de Florida, y la oficina de abogados en Fort Myers Webb, Scarmozzino & Gunter, fue firmado el lunes por el Juez de Distrito de los Estados Unidos John E. Steele en Fort Myers.
El EEOC ha identificado varias otras mujeres anónimas quienes fueron también acosadas, y cada una de ellas recibirá una parte de la liquidación.
“Nuestras clientes están satisfechas y liberadas por el hecho de que nos fue posible llegar a un arreglo,” dijo Mónica Ramírez Guerrero, una abogada de SPLC quien trajo los cargos iniciales al EEOC. “Mientras ellas eran acosadas, desconocían que existen leyes que las protegen. Por el hecho de ser inmigrantes y trabajadoras agrícolas, nuestras clientes pensaban que era imposible alcanzar justicia. Ellas creen que este acuerdo será de ayuda para otras mujeres quienes están experimentando acoso sexual, para que ellas no se sientan desamparadas.”
La demanda alegó que del otoño de 2003 hasta la primavera del 2004, las mujeres aguantaron que se les pidiera tener una relación sexual, comentarios sexuales ofensivos y contacto físico corporal. Las mujeres, quienes trabajaban seleccionando los tomates, dijeron que ellas rechazaron los avances del supervisor y recibieron represalias como resultado. Ellas fueron suspendidas sin pago, sujetas a condiciones de trabajo adversas o ya fueran corridas o no vueltas a ser contratadas para la nueva temporada de empaque. A pesar de las quejas a oficiales de Gargiulo, la compañía no tomó acción a favor de las mujeres.
El caso fue metido en septiembre de 2005 por el EEOC, alegando violaciones del Acto Federal de Derechos Civiles, el cual prohíbe discriminación de género en el trabajo. Varios meses mas tarde, el SPLC intervino en la acción a favor de las mujeres, añadiendo una queja de acoso sexual y represalia bajo el Acto de Derechos Civiles de Florida.
A pesar de que la compañía negó la responsabilidad de haber hecho una fechoría, los partidos llegaron a un acuerdo amigable ante la corte.
Además del acuerdo monetario, Gargiulo, basado en Naples, acordó a adoptar una póliza escrita en contra del acoso sexual y las represalias para fin de febrero que incluye un procedimiento de proveer a empleados Haitianos y Latinos con interpretes en Criollo y Español. La compañía debe proveer una copia de la póliza a todos los empleados y gerentes en ambas empacadoras de Immokalee y Naples.
Gargiulo también acordó a entrenar a todos sus empleados en ambas plantas acerca de la nueva póliza. Un entrenamiento anual de dos horas para los gerentes de ambas plantas y personal de supervisión se enfocará específicamente en reconocer actos de acoso y represalia.
“El desagravio por mandato judicial en este caso es particularmente importante, ya que las mujeres inmigrantes trabajadoras agrícolas y otras trabajadores inmigrantes de salario bajo con frecuencia saben muy poco o casi nada acerca de sus derechos en el aspecto de acoso sexual,” dijo Ramírez Guerrero. “Además, a pesar de que el acoso sexual se cree que es un problema frecuente que afecta a trabajadoras agrícolas, muy pocas saben a donde reportarlo, y ellas temen que se tomen represalias en su contra por meter una queja.”